Tribunal de cuentas: botín de la militancia rentada

El Tribunal de Cuentas saliente realizó nombramientos masivos de personal y prorrogó por decreto a funcionarios en cargos que debían concursarse. 

El presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, cuestionó fuertemente los nombramientos masivos de personal que se están realizando en el Tribunal de Cuentas Provincial.

Los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC), nombraron cerca de 100 personas en dicho organismo bajo el falaz argumento de mejorar su funcionamiento. Cabe destacar que actualmente el Tribunal de Cuantas tiene contratados alrededor de 150 empleados, por lo que con estos nombramientos se incrementaría dicha planta en más de un 50%.

A meses de finalizar su mandato, los tres tribunos de cuentas, nombraron de forma directa 80 funcionarios sin función específica, sin concurso y sin un fundamento funcional aparente. Dichos nombramientos configuran una verdadera estructura paralela de empleados, un“reclutamiento masivo en el Estado” para favorecer “a militantes y amigos con nombramientos que no cumplen los requisitos legales” y con altísimos costos para las arcas provinciales.

Asimismo y a través de una resolución interna (Res. Nº 70/2015), los tribunos prorrogaron en sus funciones a 20 empleados jerárquicos que por el vencimiento del plazo por el cual concursaron el cargo y el final de la gestión, debían dejar sus funciones. Entre ellos se encuentran siete directores, siete subdirectores y seis jefaturas de área. Esta última decisión es un abuso de autoridad de los Tribunos quienes no tienen facultades para prorrogar la duración en el cargo de dichos funcionarios.

Los directores y sub directores, son cargos no permanentes, como lo prevé el art. 4 del Estatuto del Empleado Público y por ello no gozan de estabilidad (art. 10 ley 7322), atento su rol de colaboración con los funcionarios superiores, es que deben cesar en sus funciones junto con aquellos tal como lo dispone en sentido expreso la reglamentación del art. 5 del mencionado estatuto.

El costo fiscal de la  prórroga de los 20 cargos jerárquicos rondará los 10 millones de pesos. La designación de unos 80 nuevos empleados, sin función específica, sin concurso, y sin que hayan acreditado los conocimientos técnicos, ni la experiencia necesaria para cumplir funciones en el TC, demandará a la provincia una partida anual cercana a los veinte millones de pesos ($20.000.000).

Un elevado costo que recaerá sobre las espaldas de los contribuyentes a sólo efecto de cubrir los sueldos de la legión de militantes rentados que pretende dejar como herencia el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

 

En este marco el Legislador de Loredo realizó una presentación a los fines que se informe la situación del personal, fecha de ingreso, cargos y funciones de los empleados, cargos concursados y vencimientos de los mismos, así como los antecedentes académicos de los agentes recientemente incorporados y de los confirmados por la resolución citada, y remarcó que no descarta realizar una presentación judicial al respecto.