La nueva estructura orgánica de la Provincia

Acompañamos el diseño de una nueva estructura organica propuesta por el Gobierno provincial porque consideramos que es una herramienta fundamental para llevar adelante un plan de gobierno. Sin embargo hacemos varias consideraciones sobre puntos en los que no acordamos y por lo tanto no acompañamos al Gobierno.


VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Loredo. Sr. De Loredo.-

Señora presidenta: como bien manifestó el presidente de nuestra bancada, el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar, en general, la propuesta de Ley Orgánica que ofrece el Poder Ejecutivo Provincial, porque interpretamos que así lo prevé el artículo 144, inciso 3) de nuestra Constitución Provincial, cuando le concede la facultad exclusiva y excluyente al Poder Ejecutivo de organizar su Ley de Ministerios y su organización orgánica; y también porque consideramos que no solamente es un deber sino un derecho de quien ganó una elección, darse la organización que estime más conveniente para poder dar cumplimiento al programa por el cual fue acompañado por la mayoría de la ciudadanía.

Al margen de esta reflexión, que justifica nuestro acompañamiento, en general de la ley, a una serie de artículos no los vamos a acompañar en particular –puntualmente, desde el artículo 2 hasta el artículo 12–, y también nos vamos a permitir continuar con las aseveraciones e impugnaciones que bien formulaba nuestro presidente de bloque.

En principio, nos preocupa una metodología que viene implementando el Gobierno de la Provincia, de alta irresponsabilidad institucional, que es una afrenta al principio de supremacía constitucional, republicano, democrático, y al Estado de Derecho, que en esta ocasión tiene como base cinco decisiones fundamentales: el tratamiento “express“ de esta disposición normativa –probablemente muchos de los que repiten en sus bancas estén acostumbrados a esta situación–, de la cual sabemos que se trata de un proyecto que ingresó sin una fundamentación. Escuchaba con mucha atención la opinión del legislador preopinante del oficialismo quien fundamentaba los argumentos de esta Ley Orgánica, pero, en verdad, no hemos tenido la oportunidad –de antemano, como hubiese correspondido– de analizar cuál es el argumento político, ideológico, operativo y administrativo del nuevo planteo ministerial. Se trata sin despacho de comisión, sin el tratamiento y el análisis respectivo y, finalmente, se utiliza la mayoría automática para que sea tratado sobre tablas, de un minuto para el otro. Esta es la primera decisión de esta metodología.

La segunda –también se refirió in extenso en esta Legislatura–, tiene que ver con que la Orgánica se dispone por decreto, y pareciera que en esta Legislatura –para los que somos nuevos quizás– hay una comportamiento inercial: “es así porque viene siendo así”, pero no debiera ser así. La Orgánica se viene instruyendo por decreto en función de delegaciones facultativas que esta Legislatura realiza al Poder Ejecutivo orgánica tras orgánica, y que en esta oportunidad está prevista en el artículo 12, como lo estuvo en el artículo 16 de la Orgánica anterior.

La tercera de las decisiones que conforma esta metodología de avasallamiento institucional tiene que ver, como bien lo expresaba el presidente de mi bloque, con la delegación de facultades presupuestarias –ni más ni menos– en el Poder Ejecutivo para que, finalmente, sean ejecutadas por el Ministerio de Economía de la Provincia.

El cuarto de los elementos que constituyen esta metodología de avasallamiento institucional tiene que ver con esta visión conceptual y coherente que el radicalismo viene teniendo en el tiempo, que es la conformación de las Agencias.

El último, la quinta de las decisiones que conforman este andamiaje de atropello institucional se vincula con que también es tradición que las leyes orgánicas solamente traigan las disposiciones ministeriales, a lo sumo las tres secretarías que dependen directamente del Poder Ejecutivo, pero nada sabemos sobre las secretarías, las subsecretarías y –mucho menos– sobre las direcciones.

Seré muy breve en el análisis de estos puntos porque creo que ya se ha dicho todo sobre el particular. La idea de que la Ley Orgánica puede ser sancionada mediante un decreto ratificado a posteriori por la Legislatura –lo dicho sobre el tratamiento “express” fue muy claro– lesiona gravemente la realidad institucional de la Provincia. Lo que pasa es que el Ejecutivo se ha acostumbrado a contar con mayoría automática, de manera tal que toma juramento a sus ministros, los que, una vez que asumen sus funciones, realizan actos administrativos que generan consecuencias jurídicas, pero con la lógica tranquilidad de que posteriormente serán ratificados. Detengámonos un instante a pensar en las consecuencias jurídicas y de derechos adquiridos que se generarían si no dispusieran de esa mayoría automática, y en las decisiones tomadas a partir de un decreto que la Legislatura, con todo derecho, puede no ratificar.

El tercer tema, que es el más grave de todos –nuestro presidente de bloque fue bastante ilustrativo al respecto–, tiene que ver con las delegaciones de facultades presupuestarias. Conocemos la importancia y trascendencia de la Ley de Presupuesto, “madre”•de la administración pública, que da previsión a los ciudadanos y a las inversiones y que genera la posibilidad de control. Lo que debiera haberse hecho en esta Legislatura es permitir que los nuevos legisladores tratáramos la Ley de Presupuesto –aunque más no sea en segunda lectura– con posterioridad a la sanción de la Ley Orgánica, en lugar de aprobar el Presupuesto lisa y llanamente a ciegas.

Este planteo queda claramente impugnado por el artículo 13 de nuestra Constitución provincial, y si bien sabemos que hay posiciones doctrinarias un poco más flexibles, también hay otras más rígidas, como la del constitucionalista cordobés Becerra Ferrer, que interpreta que de ninguna manera puede haber delegaciones facultativas. Conocemos la práctica habitual y la justificación doctrinaria de estas delegaciones, que debe darse siempre y cuando se cumpla con algunas condicionantes, como el tiempo determinado y la imposibilidad de que se transfieran delegativamente las funciones propias de un órgano, que es justamente lo que aquí sucede.

Respecto del análisis del cuarto punto, que tiene que ver con la creación de las Agencias, fue clarísimo nuestro presidente de bloque. Sin dudas, la pérdida de control –hoy palpable– del Tribunal de Cuentas se presenta como un agregado casi graciable que el oficialismo, allá por el año 1999, ofreciera a los proyectos iniciales de Ley Orgánica, ya que simplemente se permite el control posterior a la ejecución de gastos, con las lógicas consecuencias que ello acarreo. De manera que es absolutamente insuficiente si se tiene en cuenta lo que realmente se requiere, puesto que sortea el análisis previo del gasto.

Respecto de las agencias, la impugnación más fuerte la planteamos sobre el control de los recursos, pero la justificación desde un planteo moderno –que es cierto y lo mencionó Brouwer de Koning cuando dijo que De la Sota siempre trae opciones modernas de organizaciones estatales– tiene que ver con el loable objetivo de que las Agencias tomen sus decisiones y elaboren sus diagnósticos y propuestas en conjunto con los actores del sector privado, que también son destinatarios de esas políticas públicas.

Lamentamos decir que, casi en un 90 por ciento de los casos, en la integración de los directorios de las agencias hoy existentes –que erróneamente consigna este decreto y que en realidad son siete, porque se mantiene la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, no sabemos para qué si para eso existe ahora un Ministerio, por lo que esperamos escuchar en este recinto las argumentaciones que nos permitan entender esto– no hay participación del sector privado.

Me tomé el trabajo de pedirles a jóvenes que trabajan con nosotros en esta Legislatura –algunos saben que tuve una militancia importante en la Juventud Radical– que averiguaran si desde el año 1999 a la fecha alguna vez habían sido consultadas las juventudes partidarias de las otras expresiones políticas de Córdoba –el Frente Cívico, el Partido Obrero, el Movimiento de Trabajadores Socialistas, etcétera–, y resulta que nunca fueron convocadas para participar en el diseño e implementación de políticas, ni siquiera para ser escuchadas a la hora de elaborar propuestas de gobierno que atiendan las problemáticas que impactan sobre nuestras generaciones. Tampoco fueron consultados ni el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal –CECOPAL-, ni la Asociación Civil La Minga, ni la Juventud Atlética de Córdoba, ni el Servicio de la Acción Popular y, la verdad, no tuvimos mucho más tiempo, porque era “express” el tema, para ver cuándo se les dio participación.

Tenemos miedo de que con la creación de esta nueva Agencia Córdoba Juventud, que ya existió, que pasó a ser secretaría y que vuelve a emerger, se continúe con estas prácticas. En definitiva, lo que se replica es un modelo nacional que tiene que ver con la disposición de recursos públicos para bancar estructuras, llámese La Cámpora o La Militante, y queremos manifestarlo con honda preocupación.

El quinto de los argumentos de este andamiaje, esquema, cuadro, metodología de avasallamiento institucional lo constituye -como dije- la inexistencia de la discriminación de las secretarías, subsecretarías y direcciones en la Ley Orgánica. Sé que es tradición, que viene sucediendo cada cuatro años, cada dos años, pero vuelvo al comportamiento inercial: no es lo que corresponde, no es lo que sugieren los indicadores internacionales de evoluciones democráticas o de grados de desarrollo democrático. La verdad, nos cuesta tener una acabada definición, y en eso voy a darle la razón al oficialismo en cuanto a saber si esta estructura va a ser tanto o más onerosa, porque la mayor onerosidad burocrática de una estructura gubernamental no la dan tres sueldos más de ministros sino la cantidad de secretarías y subsecretarías, superposición de funciones y de financiamiento.

La inexistencia de la discriminación de las secretarías y subsecretarías también nos lleva a preguntar qué pasó con los contratos que se formularon después de los concursos -polémicos, por cierto- que realizó el Ejecutivo provincial que se fue, y tal vez la respuesta a este interrogante sea favorable pero la desconocemos plenamente, no se sabemos si se van a respetar los derechos adquiridos en legítimos concursos de idoneidad. Al no conocer las secretarías, las subsecretarías o las direcciones no podemos saber qué relación hay entre la planta burocrática de carrera administrativa y los funcionarios políticos de la administración. Repito, no podemos saberlo.

En definitiva, valga la paradoja, pero tal vez quepa citar al compañero Hugo Moyano cuando en su discurso de hace un par de días dijo que el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires se había convertido en una cáscara vacía. La verdad, creemos que esta Orgánica es una cáscara vacía, porque no podemos profundizar su estudio, su análisis, falta mucho material, muchos otros elementos, éste es el cuadro, es la metodología que interpretamos que avasalla y lesiona la realidad de las instituciones republicanas, representativas y democráticas, el Estado de Derecho de la Provincia de Córdoba.

En otro orden de cosas, también nos preocupa una serie de funciones porque, conforme las descripciones de las de cada uno de los ministros, a priori observamos que puede haber superposiciones e incongruencias. Voy a tratar de empezar por el relato casi cronológico, tal como lo plantea el Anexo I del decreto de conformación de la Orgánica.

El artículo 18 establece la creación de la Jefatura de Gabinete; debo admitir que cuando De la Sota planteó que iba a proponer un Jefe de Gabinete yendo hacia un modelo de organización estatal similar a la de algunos Estados brasileros, muchos radicales y muchos ciudadanos lo vieron con entusiasmo. Personalmente, llegué a pensar que era la oportunidad histórica de remediar la sistemática política de vaciamiento que viene sufriendo la Legislatura de la Provincia de Córdoba, y que se iba a incorporar dentro de las competencias del Jefe de Gabinete lo que dispone, por ejemplo, la Constitución nacional y las de los jefes de gabinetes de otras organizaciones -aún esas brasileras a las que se cita cuando conviene y no se lee cuando corresponde-: “la obligación de asistencia mensual la obligación de asistencia mensual a la Legislatura para ser interpelado y dar información”; pero la mención genérica de que “va a acudir a la Legislatura” nos hace tirar por el suelo la posibilidad de ver seguidamente al jefe de gabinete desfilar por acá y poder corroborar políticas, preguntar o sacarnos algunas inquietudes. No obstante, lo que más nos preocupa de las competencias dispuestas para el jefe de gabinete del artículo 18, del anexo 1º del decreto que se acompaña, es cuando se rompe toda lógica y orden natural, conceptual, ideológico y argumentativo y se saca a la obra social del Estado de la órbita del Ministerio de Salud para llevarla a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Se sabe muy bien que APROSS no realiza prestaciones sociales, turísticas, ni de sepelios sino que el 100 por ciento de los servicios que brinda son prestaciones de salud, y tiene una razón de ser complementaria al diseño de las políticas públicas de salud desde el Ministerio de Salud.

Simplemente queremos decir que cuando se tocan estos temas tan sensibles tenemos que ser muy cautelosos y argumentativos a la hora de resolverlo, porque es difícil que se borre de nuestras memorias la cantidad de oportunidades donde se utilizaron las obras sociales –privadas o públicas- como cajas políticas para fines personales o distintos de lo que tiene por su naturaleza una obra social, sobrefacturando las prestaciones, las cápitas, y los medicamentos que se realizan a través de los convenios.

1.604 millones de pesos integran el presupuesto del APROSS para el año 2012, y la pregunta que nosotros nos formulamos es si el APROSS necesita del ex Ministro González –actual jefe de gabinete- o si es González el que necesita del APROSS.

El segundo orden de cosas, con respecto a las competencias del Ministerio de Administración y Gestión Pública, esto referido puntualmente con una impugnación a lo dispuesto en el artículo 32, inciso 31, de las competencias de este nuevo Ministerio. Allí va a parar, nada más ni nada menos, que la más formidable e importante política social e integradora de la que dispone el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que es el PAICOR. Esto seguramente obedece a una concepción ideológica que visualiza ese formidable plan integrador con una visión burocrática, administrativista o rentística, continuando quizás con la misma visión que tuvo el Gobierno que se fue cuando decidió expulsar a 20.000 chicos del PAICOR porque interpretó que tenían los recursos suficientes para sus alimentos, y publicó en los transparentes de todas las escuelas quiénes eran los pobres y quiénes no lo eran, olvidándose de la razón de ser del guardapolvo blanco y del objetivo integrador de la escuela. No encontramos ni los argumentos ni los fundamentos del por qué esas modificaciones en las competencias de los Ministerios.

También vemos con preocupación en lo que hace al Ministerio de Desarrollo Social, un inciso, que esperemos que se trate -como dijo el legislador preopinante Las Heras- de un error material en la impresión casi idéntica de las leyes orgánicas en el paso del tiempo. Pero lo cierto es que la función prevista en el artículo 30, inciso 11) del anexo 1º, en lo que hace a las competencias del Ministerio de Desarrollo Social, dice: “las acciones de fortalecimiento del conjunto social mediante el progresivo y prudente traspaso de responsabilidades sociales del Estado hacia las actividades intermedias, referenciadas en el inciso anterior, conforme al principio de subsidiariedad”. También obedece a una visión ideológica de un tiempo, obedece a la idea de gerenciar o privatizar funciones esenciales del Estado, capaz que no fueron suficientes las experiencias inmediatas que nos queman, como de fundaciones como la de Madres de Plaza de Mayo, o una de la cual el Gobierno todavía no dio las explicaciones de por qué no aceleró los controles, la tristemente célebre Casa del Niño del Padre Aguilera, en donde un día nos levantamos, abrimos el diario y nos enteramos de que cientos de chicos vienen siendo abusados y maltratados y que el Estado no controlaba los roles de estas organizaciones no gubernamentales.

Hay otros planteos que interpretamos tal vez menores, pero llevan a la confusión en cuanto a la descripción de las competencias de tres ministerios, además del rol de los gremios: la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de la Administración y Función Pública, y el Ministerio del Trabajo. ¿Cuál será el canal que tendrán los representantes de los trabajadores para hacer sus planteos, lograr sus acuerdos? ¿O se trata de una mecánica que hoy, fácticamente, se viene aplicando, la de desgastar a los representantes de los trabajadores de la salud en su genuino y legítimo reclamo al encontrarse con los más magros salarios del contexto de todas las provincias argentinas? En fin, estos son todos nuestros interrogantes, estas son todas nuestras impugnaciones.

Acompañamos genéricamente el proyecto legislativo con los argumentos que dimos al comienzo y los claros fundamentos que expresó el presidente de nuestro bloque.

No ponemos palos en la rueda; fueron votados, exhibieron un programa, la mayoría de la ciudadanía los eligió para que lo ejecuten y nos traen las herramientas para hacerlo. Tienen la facultad exclusiva y excluyente dispuesta por nuestra Constitución provincial para hacerlo, creemos conceptualmente que se merecen hacerlo y acompañamos genéricamente aunque rechazamos las instituciones de las agencias, rechazamos las delegaciones facultativas y señalamos y advertimos las cuestiones que no nos fueron explicadas, que no tuvimos la posibilidad de conocer y hoy observamos tremendamente críticas.

Escuchando al señor miembro informante que se preguntaba qué pensarán algunos legisladores del noreste ante la creación del Ministerio de Agua, Energía y Ambiente, en verdad me cuesta creer que ciudadanos o legisladores del noreste estén pensando hoy en la Orgánica Provincial, me parece que estarán pensando en por qué no se embalsaron más diques, por qué no se reestructuraron las canalizaciones, por qué Córdoba padece una crisis hídrica.

Cuando se preguntaban qué pensarán las PyMEs ante este nuevo desagregado ministerial, en verdad no creo que estén hoy diciendo: “che, ¿vieron que el Gobierno sacó una nueva Orgánica?” Las PyMEs se están preguntando hoy por qué hay un modelo que las asfixia desde el ’99 a la fecha, que llegó a generar que al 80 por ciento de la recaudación tributaria de la Provincia lo configuren los Ingresos Brutos, el impuesto más regresivo que atenta contra la actividad productiva de la Provincia. Eso se preguntan las PyMEs.

Son estas las razones por las cuales alzamos la postura del bloque del radicalismo, son estas las razones por las cuales acompañamos en general y rechazamos en particular los artículos mencionados. Muchas gracias.