Derogación de la Tasa Vial

Esta “Tasa” no sólo es inconstitucional sino que además trae aparejada efectos negativos sobre el consumo, la producción y la competitividad de la provincia

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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°: Deróguese la ley provincial N° 10081.

Artículo 2°: Déjese sin efecto las reformas introducidas por la misma a la Ley N° 8555, a la Ley N° 6006 texto ordenado 2012-, y a toda otra norma que modifique directa o indirectamente. Artículo 3°: Deróguese toda otra disposición que contradiga la presente.

Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Fdo.: Rodrigo de Loredo – Olga Rista – Elisa Caffaratti – Amalia Vagni

 

FUNDAMENTOS

Con el siguiente proyecto de ley pretendemos la derogación de la ley 10.081 por la que se creó la “Tasa Vial” en la provincia de Córdoba. Esta “Tasa” no sólo es inconstitucional sino que además trae aparejada efectos negativos sobre el consumo, la producción y la competitividad de la provincia. Si queremos que nuestra provincia se torne más productiva debemos eliminarla.

Su derogación traerá un rápido y efectivo impacto en el presupuesto de las familias cordobesas. Por ejemplo, para una familia con auto, el ahorro que representa la derogación de la tasa vial ronda entre los $170 y los $400 mensuales. En tanto, aquellas familias que tienen motos como medio de movilidad, se van a ahorrar entre $60 y $200 mensuales.

Con datos a marzo de este año, provistos por la Secretaría de Energía de la Nación, observamos que Córdoba se encuentra segundo en el ranking del precio pagado por Nafta Premium, con un valor de $14,72 por litro, superada ligeramente por la provincia de Chaco, en la cual se paga un centavo más ($14,73).

La creación de la Tasa Vial, destinada al mantenimiento de rutas y caminos, no es más que un impuesto a los combustibles y al GNC, disfrazada de tasa, que profundiza la estructura tributaria pesada y regresiva de la provincia de Córdoba y que previsiblemente se destina a solventar los gastos corrientes del Estado provincial.

La Provincia de Córdoba está impedida de crear un impuesto cuyo hecho imponible se refiera a la comercialización o al consumo de combustibles líquidos y de GNC, por existir a nivel nacional un impuesto coparticipable que grava lo mismo. Así, conforme el inc. “b” del art. 9 de la Ley de Coparticipación, a la cual adhirió Córdoba, la provincia no puede aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos.

En esta “tasa” no hay vinculación racional entre el acto de consumir o adquirir combustible, y los supuestos servicios enumerados en la norma; ni entre el acto de consumir o adquirir combustible, y el uso de la red caminera provincial.

Este proceder ilegítimo e inconstitucional, se terminó de manifestar al momento de la sanción de la ley 10.081, pues se violentó el procedimiento previsto para este tipo de leyes.

En efecto, el art. 106 de la Constitución local establece que –entre otras- las leyes impositivas se aprueban en doble lectura en la forma que lo establezca el Reglamento, y que entre la primera y segunda lectura puede existir una audiencia pública cuya reglamentación se hará por ley.

Ahora bien, esta mera posibilidad de que exista o no una audiencia pública, ha sido convertida en requisito obligatorio por la ley provincial Nº 9003 de Audiencia Pública Legislativa obligatoria, donde incluye a los proyectos de ley en materia impositiva.

En síntesis, la Ley 10.081 es una ley impositiva y como tal, requería de doble lectura; y los proyectos de ley que requieren doble lectura, demandan la convocatoria a una audiencia pública legislativa obligatoria, que, demás está decirlo, no fue convocada por la Legislatura provincial, por lo que ello convierte a la norma en claramente ineficaz e inválida, por inconstitucional.

 Fdo.: Rodrigo de Loredo – Olga Rista – Elisa Caffaratti – Amalia Vagni