Fecha fija de elecciones y prohibición de simultaneidad

Proponemos determinar una fecha fija para el acto electoral en la Provincia de Córdoba y  prohibir la simultaneidad de elecciones de distintos niveles de gobierno. El objetivo de ello es el de impedir que estas dos cuestiones se conviertan en instrumentos que sean manipulados para beneficiar a determinado partido o candidato.

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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Artículo 43 de Ley provincial Nº 9571, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 43.- La convocatoria a elecciones de Gobernador, Vicegobernador, integrantes del Tribunal de Cuentas y Legisladores provinciales será realizada por el Poder Ejecutivo Provincial.

            La elección se realizará el cuarto domingo del mes de julio inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del Artículo 164 de la presente Ley.   

El acto electoral provincial no podrá realizarse simultáneamente con uno de orden nacional. La fecha arriba prevista solo será susceptible de ser modificada en caso que sean convocadas para idéntica fecha elecciones de orden nacional.

 

ARTICULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Fdo: Rodrigo de Loredo

 

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley busca modificar el Código Electoral Provincial (Ley Nº 9571) a los fines de determinar una fecha fija para el acto electoral en la Provincia de Córdoba y de prohibir la simultaneidad de elecciones de distintos niveles de gobierno. El objetivo de ello es el de impedir que estas dos cuestiones se conviertan en instrumentos que sean manipulados para beneficiar a determinado partido o candidato.

Actualmente la convocatoria y la fijación de la fecha de la elección son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Provincial, y solo en caso de no cumplimentar los plazos previstos en el Código Electoral lo puede hacer el poder Legislativo, lo cual nunca ocurre. El hecho de que exista tal discrecionalidad por parte de quienes gobiernan provoca que la determinación del día del acto electoral sea un elemento de poder utilizable en beneficio propio.

La eliminación de dicho instrumento le daría previsibilidad al acto electoral,  significaría darle certeza a toda la sociedad y fundamentalmente se estaría colocando a todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones.

En esta materia, a nivel internacional quizás el caso más paradigmático sea el de Estados Unidos que desde hace más de 200 años fijó por ley el segundo martes de noviembre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos para convocar a elecciones nacionales.

Por su parte a nivel nacional en el año 2004 fue aprobada la Ley 25.983 por la cual se estableció que el cuarto domingo del mes de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, será la fecha fija en la que se acudirá a las urnas para elegir cargos nacionales en nuestro país. Esto es un gran avance, que a nivel provincial debemos imitar y que algunas provincias ya han incorporado o están en ese camino. Cabe mencionar el ejemplo de Entre Ríos en cuya Ley electoral nº 2988 fija el tercer domingo de marzo del año en que deban renovarse los poderes Ejecutivo y Legislativo, como día de elecciones. También Tierra del Fuego cuenta con normativa en esta materia y en su Ley electoral establece que las elecciones a cargos provinciales deben realizarse entre el último domingo de Septiembre y el segundo domingo de Octubre.

Por otro lado la fijación de una fecha electoral fue uno de los tantos puntos que recomendó la Comisión Consultiva de Expertos en el año 2008 para la reforma político-electoral en Córdoba. Dicha Comisión realizó una excelente labor y estuvo a cargo de prestigiosos profesionales entendidos en la materia que se abocaron durante varios meses a realizar un informe final (Así No Va Mas) con todas las sugerencias para democratizar, transparentar y facilitar el sistema político-electoral de la Provincia. Sin embargo,  la determinación de una fecha fija para realizar las elecciones fue uno de los tantos puntos que no fueron tenidos en cuenta y que fueron desechados por la mayoría oficialista.

Vale mencionar que el establecimiento del último domingo de julio como día de la elección responde a varios motivos. En primer lugar hay que tener en cuenta que el año de elección de Gobernador, Vicegobernador, Legisladores provinciales y tribunos de cuentas de nuestra provincia coincide con el año de elección de Presidente, vicepresidente y cargos electivos nacionales de nuestro país. El Código Electoral Nacional en su artículo 53 fija el último domingo de octubre (inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos) como el día de celebración del acto electoral para cargos nacionales y a su vez el segundo domingo de agosto de dicho año deben celebrarse las elecciones Primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), según lo dispuesto en el articulo 20 por la Ley 26.571. En segundo lugar debemos considerar que en virtud del artículo 164 del Código Electoral Provincial  la elección de Gobernador y Vicegobernador debe realizarse como mínimo con treinta días de anticipación a la fecha de finalización del mandato (10 de Diciembre) y como máximo dentro de los ciento cincuenta días de esa fecha. Teniendo en cuenta dicha restricción y considerando las elecciones nacionales a fines de octubre y mediados de agosto entendemos prudente separar temporalmente las contiendas electorales lo máximo que se pueda respetando los plazos legales, para evitar confusión en la ciudadanía. En tercer y último lugar cabe destacar el receso escolar de mitad de año en nuestra provincia que se produce en la segunda y tercer semana de julio, así como también la feria judicial en igual periodo, lo cual genera una complicación para celebrar en dicha fecha el acto electoral. Por todos estos argumentos consideramos prudente el establecimiento del último domingo de julio como fecha fija de elecciones provinciales.

El segundo aspecto que buscamos modificar con este proyecto es el de prohibir la simultaneidad de elecciones a nivel provincial y nacional. Tal como lo expresó la Comisión Consultiva de Expertos en su informe “Asi No Va Mas” esta prohibición busca “evitar el efecto arrastre y el efecto arrastre invertido, otorgando a cada tipo de elección la importancia que se merece, sin confundir al elector o arrastrando su voluntad hacia una dirección descendente (de presidente hacia abajo) o ascendente (de Intendente hacia arriba).

Lo que la teoría indica es que cuando concurren en una misma fecha la elección de diferentes niveles de representación, la elección que es percibida como más relevante por el electorado influye decisivamente sobre la elección de los otros niveles[1]. Por este motivo es que los gobernantes “pegan” o “despegan” sus elecciones respecto a elecciones de otro nivel según su conveniencia, de acuerdo al arrastre o no de votos que pueda acarrear otro candidato.

A nivel provincial no existe legislación alguna sobre esta materia. El poder Ejecutivo provincial, o en su caso Intendentes o presidentes comunales, tienen competencia para convocar a elecciones en la fecha que estipulen conveniente, aunque deben respetar  plazos mínimos y máximos respecto de la finalización de los mandatos, ello sin importar si para la fecha que escojan se prevé la realización de otra elección de otro nivel de gobierno. En el presente proyecto solo proponemos la prohibición de elecciones provinciales con nacionales, ya que mediante una ley provincial no podríamos prohibir la simultaneidad de elecciones municipales con elecciones provinciales o nacionales, ya que violaríamos la autonomía y las facultades que poseen los municipios para convocar a elecciones.

Si bien es cierto que la separación de las elecciones podrá acarrear mayores costos económicos y hasta puede generar un cansancio en los electores, en caso de coincidir varias elecciones en un lapso breve de tiempo, entendemos que la relevancia del sufragio, esencia misma del sistema democrático, es superior y se le debe brindar al electorado  los instrumentos para expresar su voluntad de manera independiente, evitando generar confusiones, tratando de darle igual importancia a cada elección en particular, reivindicando las autonomías locales y pudiendo el elector expresar sus distintas perspectivas políticas para cada una de las jurisdicciones nacional o provincial.

Consideramos que la aprobación de éste proyecto acarreará grandes avances en el sistema electoral de Córdoba. Por los motivos argumentados es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares.

Fdo: Rodrigo de Loredo

 

 

 

 


[1] OLIVEROS, Virginia y SCHERLIS Gerardo. ¿Elecciones Concurrente o Elecciones desdobladas?. La manipulación de los calendarios electorales en Argentina 1983-2003.