Imparcialidad en la investigación de los delitos de corrupción

Proponemos que los delitos de corrupción sean investigados por los fiscales de instrucción mientras que la fiscalía especializada que en la actualidad se ocupa de estos hechos solo investigue delitos económicos y en los cuales no participen funcionarios públicos.

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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°: Modifíquese el artículo 53 de la ley N° 8835 (Carta del Ciudadano) el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Creación

Artículo 53.- CRÉANSE los Tribunales del Fuero Penal Económico, en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, y que estará integrado por los siguientes órganos:
a) Un (1) Juzgado de Instrucción y de Control.
b) Una (1) Cámara en lo Criminal.
c) Una (1) Fiscalía de Instrucción.
d) Una (1) Fiscalía de Cámara en lo Criminal.
e) Una (1) Secretaría para asistir al Juez de Instrucción.
f) Una (1) Secretaría para asistir a la Cámara en lo Criminal.
g) Una (1) Secretaría para asistir la Fiscalía de Instrucción.
Su organización, competencia y procedimiento se regirán por las normas que establece la presente Ley.
En caso de impedimento, excusación o recusación será suplida de la forma del Código Procesal Penal y las leyes orgánicas respectivas.
En las restantes circunscripciones judiciales, intervendrán los órganos actualmente existentes.”

Artículo 2°: Modifíquese el artículo 54 de la ley 8835 (Carta del Ciudadano), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Competencia Material
Artículo 54.- LA competencia en lo penal económico comprenderá los delitos previstos por los siguientes artículos del Libro II del Código Penal de la Nación:

A) Título VI (Delitos contra la Propiedad):

1) Capítulo 4º: Relativos a Estafas y Otras Defraudaciones
Artículo 173 (Incisos 7º, 11º, 12º, 13º y 14º) y Artículo 174 (Inciso 5º) cuando su autor, partícipe primario o secundario, y/o instigador, sea miembro o funcionario de una sociedad comercial, bancaria o financiera, regular o irregular.
Artículo 174 (Inciso 6°)

2) Capítulo 4º bis: Usura
Artículo 175 (bis), Tercer párrafo.

3) Capítulo 5º: Quebrados y Otros Deudores Punibles.
Artículos 176, 177, 178, 179 (Primer párrafo) y 180.

B) Título VIII (Delitos contra el Orden Público)
Artículo 210
En este caso, cuando el acuerdo para delinquir versare sobre la comisión de los hechos típicos establecidos en este Artículo.

C) Título XI (Delitos contra la Administración Pública):
1) Capítulo 13: Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Artículo 279 (Inciso 3°), en función del 278.

D) Título XII (Delitos contra la Fe Pública):
1) Capítulo 5º: De los Fraudes al Comercio y a la Industria
Artículos 300 (Incisos 2° y 3°) y 301.

En todos los casos cuando en  alguno de los hechos típicos establecidos en este artículo, su autor, partícipe primario o secundario y/o instigador sea un funcionario público o empleado público será competente para su investigación y juzgamiento el fuero ordinario y/o común.”

Artículo 3°: El fuero en lo penal económico y anticorrupción se denominará Fuero en lo penal económico.

Artículo 4°: Las causas actualmente en trámite o que se inicien antes que comiencen a regir la presente Ley, continuarán hasta su finalización en la sede de su radicación y se tramitarán de acuerdo con las disposiciones procesales actualmente vigentes.

Artículo 5°: Deróguese toda otra disposición que contradiga la presente ley.

Artículo 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fdo. Rodrigo de Loredo


FUNDAMENTOS

A través del presente proyecto, proponemos modificar el fuero penal económico y anticorrupción en cuanto a su competencia material, quitándole al mismo la competencia para actuar en  los delitos donde esté involucrado un funcionario público los que pasarán a ser investigados por las fiscalías de instrucción ordinarias.

Con esta modificación se dispone que todos los delitos actualmente contenidos en los incisos del artículo 54 de la Carta del Ciudadano, mencionados a posteriori, como todos aquellos en los que se vea involucrado un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, serán de competencia, para su investigación y juzgamiento, del fuero común; es decir, la Fiscalía de instrucción que por turno corresponda será la encargada de investigar  este tipo de hechos.

Es nuestra intención al presentar el presente proyecto eliminar o al menos acotar la injerencia del poder político sobre los Fiscales que deben investigar los hechos de corrupción de la administración pública.

Con esta modificación se derogan incisos del artículo 54 de la ley Carta del Ciudadano, donde está contemplada la competencia del fuero, quitándole a la fiscalía penal económico la investigación de los siguientes delitos que son específicos de los funcionarios públicos o en los que son parte los funcionarios:

1-      “Inciso C) Título XI (Delitos contra la Administración Pública):

a) Capítulo 4º: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos. Artículos 248, 249, 250, 251, 252 y 253.

b) Capítulo 5º: Violación de Sellos y Documentos. Artículo 254.
En estos dos últimos casos cuando sus autores o partícipes integren o hayan integrado el Poder Ejecutivo Provincial o Municipal, desempeñando las funciones de Gerente, Director o jerarquía superior, sean o hayan sido miembros de Directorios de Entes Descentralizados, Entidades Autárquicas, Sociedades o Agencias del Estado, ejerzan o hayan ejercido el cargo de Comisario Mayor o superior de las Fuerzas de Seguridad, miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia o Municipales, Intendentes y Presidentes de Comuna, Legisladores Provinciales o Concejales Municipales, o funcionarios de ambos Poderes Legislativos que ostenten la jerarquía de Director o superior y funcionarios o magistrados que integren o hayan integrado el Poder Judicial.

c) Capítulo 6º: Cohecho y Tráfico de Influencias. Artículos 256, 256 bis, 257, 258, 258 bis y 259.

d) Capítulo 7º: Malversación de Caudales Públicos. Artículos 260, 261 (Primer párrafo), 262, 263 y 264.

e) Capítulo 8º: Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas. Artículo 265.

f) Capítulo 9º: Exacciones Ilegales. Artículos 266, 267 y 268.

g) Capítulo 9° bis: Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados. Artículos 268 (1), 268 (2) y 268 (3).

Las Fiscalías en lo Penal económico y de anticorrupción, que pasarán a denominarse Fiscalías en lo Penal económico, investigarán todos aquellos delitos no derogados por el presente proyecto y que se encuentran enumerados en el art. 54 de la Carta del Ciudadano, siempre que no se vea involucrado un funcionario público tal como se señaló supra.

La creación de Fiscalías de Instrucción especializadas en lo penal económico y anticorrupción, como herramienta de política criminal puede aparejar muy buenos resultados, ya que supone personal más capacitado y con una formación más sólida en la materia, que seguramente tendrá derivaciones optimas que se traducirán en la investigación y posterior juzgamiento de los delitos. Sin embargo, este adelanto que implica la creación de fiscalías más técnicas se ha visto opacado por la realidad. La designación de los Fiscales de Instrucción en lo penal económico y anticorrupción administrativa, sin una garantía de total independencia del poder político, sumado al hecho de que no ha existido ningún caso de corrupción política investigado que llegue a juicio oral y público, nos lleva al terrible resultado de Fiscalías que solo garantizan la impunidad de los funcionarios de turno. No se puede perder de vista que al juntar todos los delitos de este tipo en una o dos Fiscalías, se corre el riesgo de que solo una o dos personas sean las encargadas de llevar adelante todos los hechos de corrupción, frente a otros delitos, como un homicidio, un hurto, que pueden ser llevadas por un sin número de Fiscales (dependerá del lugar y fecha de comisión del hecho para saber cual Fiscal será el encargado de llevar la investigación). Si bien desde siempre se conoció este riesgo, se priorizó la especialización creyendo que al designarse Fiscales imparciales, el riesgo de influencia sobre ellos sería una cuestión menor. Sin embargo, dado que la designación de estos Fiscales no tuvo las totales garantías de independencia y que los hechos muestran sin duda, la existencia de influencia del poder sobre los fiscales, podemos concluir diciendo que la finalidad para la que se crearon estas Fiscalías de Instrucción hoy no se cumple y solo se ha logrado mediante su creación la impunidad de los funcionarios del gobierno de turno.

Es por estos motivos y los que se darán en su oportunidad que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la aprobación del presente proyecto.

Fdo. Rodrigo de Loredo